La iniciativa apunta a garantizar la continuidad productiva y preservar los puestos de trabajo mientras se define una solución de fondo al conflicto, una propuesta que también es respaldada por el sindicato. El SUTNA impulsa una ley para garantizar la producción en FATE y preservar mil puestos de trabajo. La resolución judicial representa un revés para la empresa y fortalece la posición de los trabajadores en medio de un conflicto que se transformó en uno de los más importantes del sector industrial en los últimos meses. Los camaristas señalaron que la huelga y las medidas de acción directa forman parte de derechos reconocidos por la Constitución, especialmente cuando están vinculadas a la defensa de la fuente de trabajo. En su resolución, el tribunal remarcó que el conflicto debe tramitarse en el ámbito laboral y no en el penal. De esta manera, el fallo habilita que los obreros continúen dentro de la planta mientras se intenta encontrar una salida al conflicto. En paralelo al fallo judicial, distintos sectores políticos impulsan un proyecto para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires asuma el control temporal de la planta. La lucha de los trabajadores se originó tras el anuncio del cierre de la planta y el despido de alrededor de 920 trabajadores, lo que derivó en la ocupación de la fábrica y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) para defender la continuidad laboral y evitar un posible vaciamiento. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria cada vez más cerca, el futuro de la planta y de casi mil puestos de trabajo (y otros cinco mil puestos indirectos) sigue abierto, mientras crecen las discusiones sobre posibles salidas que van desde la reapertura bajo control estatal hasta distintas formas de continuidad productiva.
SUTNA impulsa una ley para garantizar la producción en FATE y preservar mil puestos de trabajo
La justicia de Buenos Aires revocó la orden de desalojo para los trabajadores que ocupan la planta FATE para defender sus puestos de trabajo. El sindicato impulsa una ley para garantizar la producción, mientras que distintos sectores políticos impulsan un proyecto de control estatal temporal.